Es un clásico de las vísperas electorales: la inauguración por parte de la autoridad de turno de una carretera, un puente o cualquier otra infraestructura.
Pues bien, para los próximos comicios ni el presidente del Gobierno ni los ministros ni los gobernantes autonómicos ni los alcaldes podrán cortar cintas, colocar primeras piedras o descubrir placas en los 54 días que van desde la convocatoria a la jornada de votación. Los partidos han llegado a este acuerdo en la subcomisión del Congreso que trabaja desde hace un año en la reforma de la ley electoral.
Se pondrá fin así a las arduas polémicas que se suscitan cada vez que hay comicios generales, europeos, autonómicos o locales. La última fue la protagonizada por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que el 6 de junio pasado, en la jornada de reflexión de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, inauguró una línea de vuelos regulares entre su ciudad y Nueva York.
En futuros comicios ya no habrá lugar para estas discusiones gracias al pacto alcanzado en la subcomisión parlamentaria, un consenso que abarca también a la prohibición de las campañas institucionales en las semanas previas a las elecciones para ensalzar los logros alcanzados por una u otra administración.
El acuerdo se plasmará en la reforma de la ley electoral que se acometerá en esta legislatura y cuyas bases van fraguándose sin estridencias gracias a la similitud de los puntos de vista de los dos partidos mayoritarios en numerosos apartados. PSOE y PP coinciden, por ejemplo, en que la anunciada circunscripción electoral exterior para los emigrantes españoles se limite a la elección de representantes para el Senado, no para el Congreso como se planteó en un principio. Fuentes de ambas formaciones aducen problemas de todo tipo, desde legales a logísticos, para incrementar el número de diputados con los representantes de la emigración.
Los socialistas dicen que surgirían problemas de proporcionalidad ya que, conforme a la legislación vigente, la colonia española en el exterior debería elegir más de 15 diputados para tener una presencia acorde con el número de residentes fuera. Tal cuota daría a los emigrantes, alejados de la realidad española, un papel decisivo en la conformación de mayorías parlamentarias.
Los populares comparten en buena medida ese razonamiento y añaden que la Constitución establece que la circunscripción electoral es la provincia, requisito que no cumple un electorado disperso por decenas de países. Ambos partidos confluyen en que la solución podría ser que los emigrantes elijan entre tres y cinco escaños en el Senado, que es la cámara de representación territorial.
PSOE y PP están de acuerdo asimismo en suprimir el voto emigrante en las elecciones municipales porque no son pocas las localidades que tienen un censo mayor en el extranjero que en España y se da la paradoja de que los alcaldes son elegidos por quienes no pisan desde hace años el pueblo o no lo han hecho nunca.
El criterio para participar en las municipales debe ser «la vecindad», apostillan desde el partido opositor. La discusión se centra ahora en si este planteamiento también es válido para los comicios autonómicos, terreno en el que ninguno de los dos partidos tiene aún una postura definida.
Desavenencias
No todo es sintonía. Socialistas y populares mantienen desavenencias sobre la fecha tope para publicar las encuestas electorales.
El PSOE defiende que no exista límite y se puedan publicar sondeos hasta el último día de campaña. El PP, apoyado por los nacionalistas, es partidario de no modificar la norma y que no se puedan publicar estudios demoscópicos después del último fin de semana previo a la jornada de votación.
Los socialistas sostienen que carece de sentido poner límites de calendario cuando Internet permite divulgar y acceder a sondeos desde otros países hasta el mismo día de los comicios. Mantienen además que es una restricción establecida en los albores democráticos que hoy carece de sentido.
Los populares replican que si no se fijan topes, todos los medios aguardarían hasta el último día de campaña para difundir sus encuestas y «apabullarían» al votante, que se vería influido por la avalancha demoscópica.
Se perfila como solución salomónica que los estudios de intención de voto se puedan difundir hasta mediados de la última semana de campaña.
Tampoco existe consenso sobre los debates. El PSOE aboga por crear un organismo electoral que regule estos duelos dialécticos entre los candidatos, mientras que el PP lo ve innecesario y defiende que los 'cara a cara' se negocien en cada campaña.
La subcomisión parlamentaria se volverá a reunir después del verano con muchos deberes por delante. Entre ellos, y sobre todo, tiene que debatir el sistema de elección de los diputados. Las posturas están muy divididas entre los partidarios de mantener el modelo provincial en vigor, los que reclaman la creación de un colegio único de circunscripción nacional y quien se inclina por una fórmula mixta.
Los diputados de la subcomisión electoral del Congreso tienen entre sus tareas pendientes la modernización de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Ha sido tal la prevención de las fuerzas políticas para tocar esta norma, vigente desde 1985, que no se han incorporado cambios que sí se reflejan en la totalidad del corpus jurídico. Por ejemplo, la autoridad provincial es el gobernador civil, una figura desaparecida en 1997, y las sanciones por delitos electorales se fijan en pesetas, moneda que pasó a mejor vida el 1 de enero de 1999 con la implantación del euro.
En diversos preceptos de la norma se menciona a los gobernadores civiles como la autoridad competente para ciertas circunstancias electorales, sin recoger que ese papel lo hace hoy el subdelegado del Ejecutivo.
Las infracciones recogidas en el artículo 53 se cuantifican en pesetas, y se modulan en multas entre 20.000 y 200.000 pesetas, entre 5.000 y 100.000 para las contravenciones menores, y entre 50.000 y 500.000 para las más graves. Nadie se ha molestado en hacer la conversión a euros.
La regulación de los espacios televisivos para la propaganda también está pendiente. El PSOE defiende una misma regulación para la televisión pública estatal, las autonómicas, las locales y las privadas. El PP no comparte este enfoque y cree que las cadenas privadas deben quedar fuera.
