El pasado jueves se aprobó en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Extranjería con 180 votos a favor (PSOE, CiU y Coalición Canaria) y 163 en contra (PP, IU-ICV-ERC y PNV).
La nueva ley ampliará a 60 días el plazo máximo que un inmigrante puede estar privado de libertad en espera de expulsión, limita la reagrupación familiar al cónyuge e hijos menores, contempla la regularización por violencia de género, refuerza las competencias de las autonomías sobre la extranjería y endurece las sanciones para quienes promuevan la inmigración irregular o el tráfico de personas, entre otras medidas.
Según el ministro de Trabajo e Inmigración, Clestino Corbacho, "el tiempo determinará que esta ha sido una buena corrección y es una buena ley porque ha modificado elementos que discriminaban a los extranjeros y ha incorporado la perspectiva de la integración” ya que "España tiene dos retos: apostar por una inmigración regular y legal y apostar decididamente por un proyecto de integración".
Los partidos opositores a la reforma
Por otra parte, el PP considera que el reconocimiento de competencias para gestionar los permisos iniciales de trabajo o negociar acuerdos bilaterales de colaboración con los países de origen de la inmigración "no tiene encaje constitucional, aumentará la inseguridad jurídica y supondrá el colapso de los Tribunales Superiores de Justicia".
Además, el PP ha criticado que la reforma haya sido aprobada sin su consentimiento."Nos han excluído; han preferido antes un acuerdo minimalista, un mal acuerdo, que un gran pacto".
Desde IU-ICV-ERC se ha justificado el voto en contra alegando que no están de acuerdo ni con la ampliación a 60 días del plazo de internamiento de extranjeros, ni con la restricción "innecesaria" de la reagrupación familiar. Tampoco con la falta de incorporación en la ley de referencias al derecho a voto de todos los inmigrantes o a la nacionalización en menos de cinco años para los no latinoamericanos.
Por su parte, EAJ-PNV dieron su voto negativo porque no prosperó su propuesta de repartir ponderadamente los menores inmigrantes entre las comunidades autónomas. El portavoz del partido, Emilio Olabarría, ha anunciado que mantendrá "una actitud combativa contra la ley porque a su juicio es una reforma de derechas, manifiestamente mejorable, insuficiente y que puede contradecir derechos recogidos en la Constitución".
Los apoyos del PSOE
Respecto a los grupos favorables a la nueva ley, para CiU la reforma es positiva “porque garantiza pleno respeto al Estatuto de Cataluña y amplía la capacidad de actuación de los gobiernos autonómicos sobre los flujos migratorios”
Coalición Canaria ha fundamentado su apoyo en el reconocimiento de dos de sus reivindicaciones clásicas: la ampliación del plazo de internamiento y las competencias y nuevas fórmulas en la gestión de los menores inmigrantes.
Esta modificación, la cuarta de extranjería en ocho años, se ha llevado a cabo con la oposición de más de 500 ONG , quienes afirmaron en un manifiesto que esta reforma puede dar pie a que se realicen lecturas inadecuadas dirigidas a vincular de una manera simplista la crisis económica a la inmigración.
También denuncian que la nueva ley puede poner "en riesgo el futuro de inclusión, limita seriamente los derechos fundamentales de las personas inmigrantes y supone un retroceso en la construcción de un verdadero espacio de libertad, justicia y convivencia".
Por último, las entidades apuestan por una reforma "entendida como una oportunidad para construir una mejor sociedad de acogida que propicie un consenso social que permita asentar las bases para un nuevo modelo de sociedad abierta a los valores de la diversidad, la solidaridad, la participación y la integración".
CanalSolidario.org 2009
Etiquetas: ley de extranjeria, ong, inmigrante
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