lunes, 27 de septiembre de 2010

Los españoles podremos ir a la ONU en busca de justicia



España es el primer país de Europa que se convierte en Estado Parte de un nuevo mecanismo de la ONU que permitirá a las personas acudir en busca de justicia a las Naciones Unidas en el caso de vulneraciones del derecho a una vivienda adecuada, la alimentación, el agua, la salud, la educación y otros derechos económicos, sociales y culturales, tal y como ya sucede desde hace décadas con los derechos civiles y políticos.


La ratificación ha tenido lugar un año después de que el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se abriese a la firma y ratificación de los Estados.

El Protocolo permitirá a las personas a las que se les niegan sus derechos –y a las que se les niega el acceso a la justicia en su propio país– que sus quejas sean escuchadas por un grupo de expertos independiente e internacional. Las decisiones que tome este nuevo mecanismo, que serán públicas, probablemente influirán en las decisiones de tribunales nacionales y regionales de todo el mundo.

El Protocolo fue adoptado por consenso por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 2008, y se abrió a la ratificación en septiembre de 2009. Este mecanismo de presentación de quejas entrará en funcionamiento cuando 10 países lo hayan ratificado.

Además de España, Ecuador y Mongolia han ratificado el Protocolo. Otros 30 países lo han firmado, indicando así su intención de ratificarlo. No obstante, la ratificación es necesaria para que el tratado sea jurídicamente vinculante.

España plasmó su ratificación al día siguiente de concluir la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio celebrada en Nueva York, una cumbre en la que no se han identificado mecanismos efectivos de rendición de cuentas ante las vulneraciones de derechos humanos.

Ignacio Sáiz, director ejecutivo del Centro por los Derechos Económicos y Sociales, destaca “Las declaraciones del gobierno de España ante la ONU muestran un compromiso con la realización de los derechos económicos y sociales tanto en el ámbito interno como internacional. Sin embargo, sus acciones no siempre han sido coherentes con esas buenas intenciones, como muestran los recientes recortes del presupuesto de cooperación al desarrollo. Los ojos de la comunidad internacional estarán puestos en España, para asegurar que ese liderazgo que ha mostrado con la ratificación del Protocolo Facultativo se refleje en las políticas y en la práctica.”

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