Amnistia internacional pide que la Constitución se reforme para exigir el derecho a la vivienda y a la salud puedan exigirse en los tribunales. La organización también insta a que se elimine y se prohiba expresamente la aplicación de la pena de muerte.
Ante el anuncio de la reforma de la Constitución en España, Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, y al principal lider de la oposición, Mariano Rajoy, para solicitarles que aprovechen esta oportunidad, o se comprometan para el futuro, incluyendo en la reforma dos cuestiones que afectan a la protección de los derechos humanos.
En primer lugar, la organización considera que la Constitución debe garantizar la máxima protección de todos los derechos económicos, sociales y culturales, sin establecer distinciones ni prioridades, tal y como reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos y numerosos instrumentos internacionales ratificados por España.
En primer lugar, la organización considera que la Constitución debe garantizar la máxima protección de todos los derechos económicos, sociales y culturales, sin establecer distinciones ni prioridades, tal y como reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos y numerosos instrumentos internacionales ratificados por España.
Salud y vivienda, exigibles en el juzgado
Amnistía Internacional solicita que el derecho a la vivienda y a la salud aparezcan recogidos en la Constitución española bajo el epígrafe de los derechos fundamentales algo que mejoraría su protección, garantías y exigibilidad. La situación actual impide, por ejemplo, la posibilidad de que estos derechos se exijan directamente ante los tribunales cuando se ven vulnerados.
Pena de muerte
Pena de muerte
Por otra parte, a pesar de que la pena de muerte quedó abolida en España en 1995 con la supresión de la misma del Código Penal Militar, la Constitución sigue haciendo mención a ella en el artículo 15 para tiempos de guerra. Amnistía Internacional considera que la reforma debería eliminar la mención a la pena de muerte en la Constitución e incluso prohibir expresamente su aplicación.
Una iniciativa en esta línea sería además coherente con el impulso que el gobierno español ha dado a la abolición de la pena capital en el mundo, liderando la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, comenta la organización en nota de prensa.
Una iniciativa en esta línea sería además coherente con el impulso que el gobierno español ha dado a la abolición de la pena capital en el mundo, liderando la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, comenta la organización en nota de prensa.
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