El Senado francés la ley 'Creación e Internet', bautizada como Hadopi 2, que pretende luchar contra las descargas ilegales en la Red.
La Cámara Alta agregó una sola enmienda al nuevo proyecto, la que prevé que cualquier persona sospechosa o perseguida pueda ser convocada o escuchada por la Alta autoridad y contar con la presencia de un abogado.
La nueva versión del texto contempla multas de entre 1.500 y 3.750 euros. La Hadopi será la encargada de enviar al infractor un 'e-mail' advirtiéndole de su conducta y luego una carta certificada en caso de reincidencia, pero no podrá suspender el acceso a Internet porque el Consejo constitucional francés ha dictaminado que sólo un juez tiene potestad para ello.
Consecuencias
Si el internauta llegara a ser considerado como un "falsificador" se arriesgaría a una multa de 300.000 euros y dos años de cárcel, pero el juez puede también pronunciar una pena complementaria y suspender durante un año como máximo el acceso a Internet.
Para evitar esta situación, el titular del abono podrá instalar un sistema en su ordenador para que la entrada a determinadas páginas requiera de un código de acceso, mecanismo que podrían ofrecer los propios operadores.
En caso de que se le corte su acceso, el proveedor tendrá 15 días para ejecutar la orden judicial y unos días antes del restablecimiento de la línea tendrá también que avisar a la Alta Autoridad, para que elimine las pruebas del dossier del internauta acusado y evitar así que haya una lista negra de 'fichados'. Es decir, la notificación del cumplimiento queda en manos de las telecos.
Si el abonado al que se le haya cortado el acceso acude a otro operador de Internet para contratar de nuevo el servicio, se enfrentará a una multa de 3.750 euros. Otra de las novedades introducidas es la petición de que los proveedores informen a sus abonados de los riesgos que corren si realizan descargas no permitidas de contenidos protegidos.
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