En su denuncia penal, FACUA planteará que estos hechos pudieran ser constitutivos de cuatro delitos tipificados en el Código Penal: sedición, abandono de destino, coacciones contra los intereses turísticos de los españoles y de los pasajeros que no pudieron realizar libremente sus desplazamientos y falsedad documental por parte de profesionales médicos que firmaron las bajas de los controladores.
Se trata de la primera de las actuaciones judiciales de FACUA en este caso, a la que previsiblemente seguirá otra para reclamar indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a los usuarios que represente. Casi 5.000 víctimas de las cancelaciones de vuelos han solicitado ya el asesoramiento de FACUA y se han sumado a su plataforma de afectados en la página web FACUA.org/cancelaciones.
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