En Irán, las violaciones de derechos humanos que se cometen actualmente son tan graves como en los peores momentos de los últimos 20 años, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe sobre el periodo posterior a las elecciones presidenciales del pasado mes de junio.
“Los dirigentes iraníes deben garantizar la investigación exhaustiva e independiente de las numerosas acusaciones de tortura, incluida violación, homicidios ilegítimos y otros abusos”, declaró Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Debe hacerse rendir cuentas sin demora a los miembros de las milicias y a los funcionarios que hayan cometido violaciones, y nadie debe ser ejecutado bajo ningún concepto”.
Amnistía Internacional ha pedido al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, que permita a dos expertos principales de derechos humanos de la ONU visitar el país para ayudar a realizar las investigaciones.
“El líder supremo debe ordenar al gobierno que invite a los relatores especiales de la ONU sobre la cuestión de la tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias para que contribuyan a que las investigaciones sean rigurosas e independientes”, manifestó Hassiba Hadj Sahraoui.
“Hasta la fecha, las investigaciones anunciadas por diversas autoridades iraníes parecen estar más dirigidas a ocultar los abusos que a descubrir la verdad”.
El informe Iran: Election contested, repression compounded describe la constante de abusos que se cometieron antes, en el transcurso y sobre todo después de las elecciones de junio, cuando las autoridades desplegaron a la milicia Basij y a la Guardia Revolucionaria Islámica para reprimir las protestas masivas contra los controvertidos resultados electorales.
El documento recoge testimonios de personas que fueron detenidas durante las protestas, algunas de las cuales se han visto obligadas a huir del país.
Un ex detenido afirma que estuvo recluido en el conocido centro de detención de Kahrizak durante unos 58 días, que pasó todo el tiempo dentro de un contenedor de carga y que sólo se le permitió establecer contacto con su familia transcurridos 43 días.
Durante el interrogatorio, le dijeron que habían detenido a su hijo y que lo violarían si él no “confesaba”. Luego lo golpearon con una porra hasta que perdió la consciencia. El ex detenido asegura que había más de 70 personas recluidas con él en el contenedor.
Otro ex detenido, Ali Kheradnejad, afirma que vio a Amir Javadifar, estudiante, con la ropa hecha jirones y la frente ensangrentada. Después supo que había muerto bajo custodia, al parecer como resultado de la tortura u otros malos tratos sufridos. Entonces decidió hablar, fueran cuales fueran los riesgos.
Hassiba Hadj Sahraoui dijo lo siguiente: “Las autoridades han de demostrar que han pasado página a los abusos cometidos este verano. Deben garantizar que el control policial de las protestas se ajusta plenamente a las normas internacionales sobre los órganos de cumplimiento de la ley, y mantener a la milicia Basij y a otras fuerzas represivas alejadas de las calles”.
“Debe protegerse a toda persona detenida o recluida frente a la tortura u otros malos tratos; los presos de conciencia deben quedar en libertad, y las personas condenadas en juicios injustos –como los ‘juicios mediáticos’, que han sido una burla de la justicia– deben ser puestas en libertad a menos que se revisen sus causas. Asimismo, todas las condenas a muerte deben conmutarse y las personas que todavía no han sido juzgadas deben recibir juicios justos.”
Las protestas han seguido reprimiéndose, ya que en las tres semanas previas al día nacional del estudiante, que se celebra el 7 de diciembre en Irán, se ha detenido a más de 90 activistas estudiantiles y a otros se les ha prohibido seguir estudiando; más de 200 fueron detenidos durante las manifestaciones, en las que las autoridades golpearon a los manifestantes y les lanzaron gas lacrimógeno.
Investigación internacional
En general, las investigaciones que ha emprendido el gobierno hasta el momento parecen estar más dirigidas a ocultar la verdad que a sacarla a la luz.
Las autoridades iraníes han creado dos órganos encargados de investigar la crisis postelectoral, incluido el trato dispensado a las personas detenidas: un comité parlamentario y un comité judicial de tres miembros.
No se han revelado datos completos sobre el mandato y las atribuciones de estos dos órganos, y los resultados de la investigación del comité parlamentario no se han hecho públicos.
Manfred Nowak, relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura, y Philip Alston, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, han solicitado autorización para entrar en Irán y están esperando la decisión de las autoridades.
“Corresponde a las autoridades abordar abiertamente, con transparencia y rendición de cuentas las violaciones generalizadas de derechos humanos que se cometieron durante los disturbios”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui.
Según cifras oficiales, 36 personas murieron a consecuencia de la violencia que se desató tras las elecciones. La oposición eleva al número a más de 70.
Al menos 4.000 personas fueron detenidas en todo el país después de las elecciones. En el momento de redactar el informe, hasta 200 personas permanecen en prisión, algunas detenidas después de que remitiesen los disturbios iniciales.
Etiquetas: investigación, derechos humanos, sociedad
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