miércoles, 16 de junio de 2010

Amnistía Internacional pide poner fin a la demolición de viviendas palestinas



Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades israelíes que pongan fin a las demoliciones de viviendas, como consecuencia de las cuales millares de palestinos viven cada día con el temor de que los desalojen de sus hogares.

Un nuevo informe, titulado 
¿Seguros en casa?: Demoliciones israelíes de viviendas palestinas, revela hasta qué punto las fuerzas israelíes están destruyendo viviendas y otras estructuras en los Territorios Palestinos Ocupados con la excusa de que se han construido ilegalmente.

Según la ONU, más de 600 palestinos –más de la mitad de ellos niños y niñas– perdieron su hogar en 2009, tras las demoliciones ordenadas por las autoridades israelíes.

“Las restricciones a que está sujeta la población palestina que vive bajo ocupación israelí limitan de manera tan estricta lo que puede construir y dónde que violan su derecho a una vivienda adecuada”, ha manifestado Philip Luther, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las autoridades israelíes están empujando a los palestinos a una situación imposible: hagan lo que hagan, están expuestos a perder su hogar.”

“Israel deniega casi siempre el permiso para construir, incluyo tras largos y costosos procesos burocráticos y judiciales, por lo que la mayoría de las personas no tienen más opción que construir sin autorización oficial, aunque, al hacerlo, saben que es posible que los bulldozers israelíes no tarden en derribar los edificios.”

Por lo general, las demoliciones se llevan a cabo sin haber avisado previamente de la fecha y sin dar la oportunidad a los palestinos de salvar sus bienes ni buscar otro lugar donde refugiarse. La ONU calcula que hay unas 4.800 órdenes de demolición pendientes.

En virtud de la legislación israelí, las familias desalojadas no tienen derecho a otra vivienda ni a una indemnización, por lo que, si no fuera por sus familiares y amigos y las organizaciones benéficas, muchas se quedarían sin hogar y sumidas en la miseria.

Aunque se suelen destruir en particular viviendas, las autoridades israelíes han dictado también órdenes de demolición contra escuelas palestinas, centros médicos, carreteras, cisternas de agua, torres de alta tensión, chozas y cobertizos para animales.

Las familias del pueblecito palestino de Jirbet Tana, en el valle del Jordán, han tenido que reconstruir dos veces sus casas en cinco años.

En 2005, las autoridades israelíes demolieron la escuela, así como varias viviendas, chozas para animales y cisternas de agua.

Los habitantes del pueblo reconstruyeron las casas, pero el 10 de enero de 2010, regresaron las fuerzas israelíes y demolieron las viviendas de un centenar de personas, dejando sin hogar a 34 niñas y niñas: También destruyeron la escuela por segunda vez, así como 12 rediles para las cabras y las ovejas, principal fuente de ingresos del pueblo.

Raeda Nasasreh, de 24 años y con dos hijos, contó a Amnistía Internacional: “Los jeeps del ejército llegaron a las seis de la mañana; la gente los vio en el valle y comenzó a sacar sus cosas de las casas. No nos dio tiempo a terminar de ordeñar a las ovejas. Lo demolieron todo. A las nueve y media ya habían terminado”.

En octubre de 2009, las fuerzas israelíes destruyeron la vivienda de Rida Nimr y su esposo, Nimr Ali Nimr, en el barrio palestino de Yabal al Mukabbir. Perdieron su hogar tres generaciones de la familia, incluidos cinco niños.

“Los niños estaban todavía durmiendo, cuando llegaron unos 30 agentes de policía y de las fuerzas especiales, acompañados de tres bulldozers conducidos por contratistas civiles –explicó Rida–. La policía acordonó en seguida la zona. El equipo de demolición no sacó más que unos cuantos muebles de la casa antes de derribarla y no nos dejó sacar nada, salvo, tras suplicárselo, un ordenador portátil de nuestra hija Amal, que lo necesita para sus estudios universitarios”.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades israelíes que pongan fin de inmediato a las demoliciones de viviendas en los Territorios Palestinos Ocupados, incluido Jerusalén Oriental.

Deben transferir la competencia respecto de las políticas y normativas de urbanización y construcción a las comunidades locales palestinas.

Asimismo, las autoridades israelíes deben detener la construcción y ampliación de asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupado como primera medida para sacar de éstos a la población civil israelí que vive en tales asentamientos.

“Las órdenes de demolición y desalojo no sólo destruyen los hogares de las personas, sino que también les dejan sin sus bienes y sin esperanzas de un futuro seguro”, ha manifestado Philip Luther. 

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