Neda Agha Soltan, de 27 años, murió alcanzada por disparos en el centro de Teherán el 20 de junio de 2009, al terminar una manifestación pacífica. La grabación en vídeo de su agonía sobre el asfalto mientras varias personas acudían en su ayuda dio la vuelta al mundo, convirtiéndola en un icono del movimiento de protesta.
“El homicidio ilegítimo de Neda es emblemático no sólo de las numerosas violaciones de derechos humanos perpetradas contra los iraníes en el último año y que siguen perpetrándose actualmente, sino de la rotunda negativa del gobierno a poner a disposición judicial a los responsables de torturar y matar a quienes lo critican”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
A pesar de la abundancia de pruebas existentes gracias al vídeo y los testigos, las autoridades iraníes no han llevado a cabo ninguna investigación independiente sobre la muerte de Neda, ni tampoco sobre las muertes de decenas de personas más a manos de las fuerzas del gobierno que al parecer se produjeron entre junio y diciembre de 2009. Es más, han negado las denuncias de que las fuerzas paramilitares del Basij fueran las responsables de su muerte, culpando de ella a una serie de organizaciones, como la BBC, la CNN, la CIA, e incluso al médico que corrió en ayuda de Neda cuando le dispararon.
“La respuesta del gobierno al homicidio de Neda ha sido cubrir las apariencias cínicamente”, ha añadido Hassiba Hadj Sahraoui. “Esta es una actitud típica del incumplimiento generalizado por parte de las autoridades iraníes de su obligación de respetar el Estado de derecho y garantizar la rendición de cuentas por los crímenes que siguen cometiéndose en su nombre”.
Amnistía Internacional ha renovado su llamamiento al gobierno iraní para que permita que se investiguen de forma independiente las muertes y los abusos que tuvieron lugar durante las manifestaciones y después de ellas, incluida la investigación sobre el homicidio de Neda.
La organización también ha pedido que se permita la entrada a Irán de expertos en derechos humanos. A pesar de la invitación permanente formulada por el gobierno a la ONU, desde 2005 no se ha permitido ninguna visita de derechos humanos de la ONU a Irán. Al menos cinco peticiones de visita realizadas por expertos en derechos humanos de la ONU siguen sin respuesta.
“Las autoridades deben saber que sus intentos de ignorar las pruebas que señalan su responsabilidad no silenciarán a los iraníes, que siguen exigiendo verdad y justicia por las muertes de Neda y de muchas otras personas”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.
Información complementaria
El hombre que presuntamente disparó contra Neda Agha Soltan fue detenido por los manifestantes durante breve tiempo en el lugar de los disparos, pero las autoridades judiciales han hecho caso omiso de la información sobre su identidad. Al parecer, el hombre llevaba una identificación del Basij, fuerza paramilitar armada que las autoridades emplean con gran contundencia para reprimir las manifestaciones. Según testigos, el hombre gritó: “¡No quería matarla!”.
La inmensa mayoría de las muertes de hasta 80 personas –probablemente muchas más– durante las manifestaciones y después de éstas, a consecuencia de la tortura bajo custodia, no han sido investigadas. Tampoco se han llevado a cabo investigaciones independientes sobre uso excesivo de la fuerza, violación y otras formas de tortura bajo custodia. Por el contrario, las autoridades han amenazado a quienes han denunciado violaciones, han detenido a algunas personas que han intentado dar a conocer la verdad y han tratado de desacreditar a quienes han intentado sacar a la luz pruebas.
Cuando las ha habido, las investigaciones sobre los abusos tras las elecciones han sido inadecuadas, no transparentes y parecían tratar de encontrar chivos expiatorios entre los militares de baja graduación para los abusos perpetrados.
Al frente de la campaña para exigir la rendición de cuentas por los abusos tras las elecciones está el grupo de las Madres en Duelo, compuesto por madres cuyos hijos han sido detenidos o han sido víctimas de homicidio o desaparición durante la violencia postelectoral.
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